Tierra del Fuego quiere que los beneficios fiscales para su industria se extiendan hasta el 2073

Frente a la avanzada del Ejecutivo que quiere terminar con los beneficios fiscales en cinco años, la gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, gestiona en Buenos Aires el respaldo de otras provincias para que se vote un proyecto de ley que extienda el régimen de promoción industrial hasta el 2073, como sucede con la zona de Manaos en Brasil.

Fuentes cercanas a la mandataria señalaron a BAE Negocios que ayer Bertone junto a parlamentarios nacionales ya comenzaron a redactar el proyecto, en medio de una crisis provincial sin precedentes, con el cierre de buena parte de la industria electrónica y la apertura importadora.

Hasta el momento no se han conocido los detalles del proyecto que impulsa Bertone, salvo la extensión de la fecha. Actualmente el régimen está garantizado por decreto hasta el 2023, pero el Ejecutivo fueguino busca que la ley deje plasmado hasta el 2073 dicho plazo, “para blindar a la provincia de futuros gobiernos y la proteja económicamente de su desaparición”, apuntaron las fuentes.

El año no es mera casualidad, sino que responde a una equiparación con el régimen de promoción industrial fijado en Manaos, zona franca que ya recibió la prórroga para tener vigencia por 50 años más. Las fuentes provinciales indicaron que “es inminente” un encuentro con el ministro de Producción Dante Sica, en la que le presentarán su proyecto de prórroga.

Beneficios de la ley 

La ley de Promoción Industrial fueguina (número 19.640) tuvo su origen en 1972 por decisión política del entonces presidente de facto, Agustín Lanusse. Con el objetivo de promover la instalación de industrias en Tierra del Fuego, se estableció un régimen fiscal interior y un régimen aduanero especial.

Los beneficios más relevantes son la liberación del IVA (las compras no pagan ese impuesto y en las ventas se factura pero no se cobra) y la exención del impuesto a las ganancias en ciertos segmentos. En el aspecto aduanero, los incentivos principales se refieren, por el lado de las importaciones, a la compra de insumos y bienes de capital sin abonar arancel, y la reducción en un 50% en bienes para actividades no prioritarias.

(Fuente: BAE)