Hidrovía: cómo se manejará la estatización

El Ministerio de Transporte de la Nación firmó el contrato de concesión de la Hidrovía con la Administración General de Puertos.

Con la firma del contrato de concesión de la gestión de la Hidrovía Paraná a la Administración General de Puertos (AGP), el organismo estatal se hará cargo a partir de la próxima semana de la gestión de la vía navegable por la que circula el 80% del comercio exterior del país tras más de 25 años en manos privadas.

Luego de suscribir el documento entre el ministro Alexis Guerrera y el titular de la AGP, José Beni, el Gobierno dio inicio a la etapa de transición hasta que se adjudique la licitación de la Hidrovía a una nueva compañía. El contrato de concesión con la empresa de Jan de Nul finaliza el 11 de septiembre.

Distribución de tareas

Desde esa fecha y, al menos hasta septiembre del 2022, el organismo portuario se encargará de cobrar el peaje a los barcos que transitan por la vía navegable; fondos con los que contratará los servicios de dragado y balizamiento (de manera separada).

Mientras tanto, el Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable se encargará de “confeccionar y aprobar” los pliegos de bases y condiciones que regirán los procesos licitatorios “relativos a concesiones y/o contratos de obra pública que se otorguen sobre las vías navegables”.

Si bien no hay precisiones, se baraja la posibilidad de que el organismo analice aplicar una rebaja en los peajes; a raíz del pedido del sector privado. Más allá del cobro de estas tarifas, la AGP se convertirá en la “la autoridad de control actuante”; por lo que podría poner en marcha un “plan de obras a ejecutar”. Sin embargo, se desconose si hay algún proyecto en carpeta.

No obstante, la Resolución 308/2021 aclara que “el Concesionario no asume la obligación de ejercer las funciones de policía de seguridad, aduanera, ambiental e hidrológica en la Vía Navegable Troncal; las que serán ejercidas por la Prefectura Naval Argentina, la Dirección General de Aduanas de la Administración Federal de Ingresos Públicos, las autoridades ambientales competentes, el Servicio de Hidrografía Naval del Ministerio de Defensa y el Instituto Nacional del Agua, respectivamente”.