Martín Guzmán, el ministro detrás del acuerdo por la deuda

El 10 de diciembre del año pasado Martín Guzmán asumió como ministro de Economía, con el objetivo de negociar la deuda de Argentina con sus acreedores para volver a encontrar la senda del crecimiento y desarrollo. Alberto Fernández lo convocó por su conocimiento y sus estudios de las reestructuraciones de deuda.

Egresó de la Licenciatura en Economía de la Universidad Nacional de La Plata en 2005 y de la Maestría en Economía de la UNLP en 2007, cuya tesis se titula Prociclicidad de las políticas fiscales en contextos volátiles. Posteriormente realizó estudios de posgrado en la Universidad Brown, donde se doctoró, en 2013, bajo la dirección de Peter Howitt con una tesis titulada Entendiendo las causas y efectos de las crisis financieras. Entre 2013 y 2016 realizó un pos-doctorado en la Universidad de Columbia bajo la dirección del ganador del Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz.

Guzmán es investigador asociado de la alta casa de estudios norteamericana, donde dirige la «Iniciativa para el Diálogo sobre Políticas» del Programa de Reestructuración de Deuda y es miembro del «Institute for New Economic Thinking’s Taskforce».​ Además, es coautor de Contemporary Issues in Microeconomics junto a Stiglitz -publicado en 2015-, y de Toward a Just Society: Joseph Stiglitz and Twenty-First Century Economics, publicado en 2018.

También es docente adjunto de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de La Plata (cátedra: Moneda, Crédito y Bancos), y dirige el Journal of Globalization and Development, una revista que publica investigaciones académicas y análisis de políticas sobre globalización, desarrollo y sus complejas interacciones.

Como economista, Guzmán se enfocó en un tema clave: la renegociación de la deuda soberana en manos de acreedores privados. Su nombre ya era reconocido, pero en los últimos días realizó una presentación en Naciones Unidas que hizo girar hacia él las miradas de los inversores que tienen deuda argentina y que esperaban novedades por parte del nuevo Gobierno. Allí propuso postergar por dos años el pago de intereses de la deuda soberana, mediante un acuerdo con acreedores y también estirar los plazos de pago para el capital de esos compromisos.

Desde el comienzo asentó que buscaba llegar a un acuerdo lo más pronto posible con los acreedores privados y despejar la incertidumbre que envuelve a la deuda argentina. Además, el ministro aclaró que era necesario tomar nueva deuda con el FMI, tras los U$S 56.000 millones que firmó Mauricio Macri con Christine Lagarde en 2018.

El acuerdo con los bonistas, en detalle

A comienzos de año, cuando no había pandemia ni una lista de países y corporaciones esperando para renegociar deudas que actualmente resultan impagables por la crisis global, se informó que había una confluencia de intereses para alcanzar un acuerdo con los acreedores. Desde entonces hubo intensas negociaciones y, siete meses después, se confirmó el acuerdo.

Los tres protagonistas (el gobierno de Alberto Fernández, el FMI y los grandes fondos de inversión) tenían motivaciones diversas para cerrar el capítulo del desastre financiero que atraviesa Argentina desde la gestión anterior.

En estos meses hubo conversaciones muy duras, donde los implicados en la reestructuración de la deuda necesitaban concretar el trato:

• El Gobierno de Alberto Fernández: claramente el actor más débil de la negociación por la fragilidad financiera heredada, los antecedentes de un default cercano con posterior renegociación y la extensa recesión económica, a la que se sumó desde marzo el impacto fulminante del coronavirus.
• El Fondo Monetario Internacional: la directora gerente, Kristalina Georgieva, también tiene una herencia pesada con el crédito entregado a la Argentina de 57 mil millones de dólares, de los cuales se liberaron 44 mil millones, en la gestión Christine Lagarde. La tecnoburocracia de Washington está ansiosa para que Argentina cierre un acuerdo con los acreedores privados y comience la refinanciación de su propio paquete financiero. De ese modo, se dejaría atrás la (ir)responsabilidad de financiar el préstamo más grande de la historia del organismo.
• Los fondos acreedores: liderados por BlackRock -cuyo dueño, Larry Fink, tiene mucha influencia en la administración Trump- también necesitaban dar vuelta la página del pésimo negocio de financiar el más fabuloso ciclo de endeudamiento externo argentino. Su apuro para concretar una redefinición de las condiciones de emisión de la deuda se basa en evitar pérdidas aún más abultadas a las padecidas anteriormente y poder comenzar un nuevo ciclo de negocios.

Aunque la cifra final puede generar desconcierto en algunos, porque pensarán que la “última oferta” finalmente no fue y que hubo un ajuste de algunos centavos en el cierre, Guzmán impuso el principal concepto de la negociación: la sustentabilidad de la deuda. Y logró un acuerdo que está en el límite máximo de ese principio.

El FMI incorporó esa guía conceptual, dejando en segundo plano determinar un horizonte fiscal exigente, lo que descolocó a los acreedores, en especial a BlackRock, que reclamaban primero un programa de ajuste del Fondo para luego avanzar con la refinanciación de la deuda.

Por un papel de deuda de 100 dólares de valor nominal recibirán otro, por arriba de 54 dólares. La mayoría de los fondos compró los bonos al valor de emisión, mientras que sólo unos pocos acumularon esos papeles con sus cotizaciones.

La firmeza en la negociación de Alberto Fernández, que eludió las presiones para desplazar a Guzmán como pedían voceros locales de los acreedores, definió un esquema de pagos que implicará un importante alivio para las finanzas.

La clave del Gobierno fue saber cómo diseñar una estrategia para hacer valer el principal y casi único activo de un país endeudado y periférico: la soberanía financiera y la defensa de sus intereses; tener claros esos conceptos se mide en miles de millones de dólares.

Precisar una cifra ayuda a una mejor comprensión de esa convicción política. En términos de sostenibilidad de la deuda, el acuerdo significará desembolsar casi 30.000 millones de dólares menos en comparación con la estructura actual de pagos de deuda pública emitida bajo ley extranjera. A ese monto se le agregará el alivio de pagos por el canje de la deuda en dólares con legislación local, y luego la extensión de la deuda con el FMI.

La diferencia con la oferta original -presentada el 21 de abril pasado a los acreedores del exterior- es de unos 11.500 millones de dólares de más pagos de capital e intereses. De este modo se había comenzado a ordenar el desquicio de finanzas públicas, en medio de la pandemia mundial de Covid-19.

Además de aliviar el factor de inestabilidad económica, el acuerdo con los acreedores es un incuestionable triunfo político de Fernández.

Fuentes: El Destape, Página/12.