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En el marco del 25° aniversario del atentado a la AMIA, El Gobierno creó un registro de organizaciones terroristas, aumentan las indemnizaciones y habrá duelo nacional

En un fuerte gesto tendiente a expresar un apoyo a las víctimas del atentado a la AMIA a 25 años de ese trágico hecho, el presidente Mauricio Macri emitió ayer el decreto que crea un Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento (RePET) que funcionará en el ámbito del Ministerio de Justicia y que tendrá por objetivo “prevenir, combatir y erradicar el terrorismo y su financiamiento”.

Además, el presidente Mauricio Macri firmó esta semana tres decretos en el marco del 25 aniversario del ataque terrorista contra la AMIA que se cumple este 18 de julio, en el que murieron al menos 85 personas. Las normas, publicadas este miércoles 17 de julio en el Boletín Oficial, amplían las indemnizaciones contra las víctimas, establece el aniversario del atentado como día de duelo nacional y declara como terrorista a Hezbollah.

El primer decreto define una indemnización para una decena de exempleados de la mutual judía que no fueron alcanzados por las compensaciones del Estado, con un nuevo plazo de 180 días para las víctimas o familiares del ataque terrorista. El segundo oficializa el 18 de julio como día de Duelo Nacional en homenaje a las víctimas. “Durante el día indicado la bandera nacional permanecerá izada a media asta en los edificios y lugares públicos”, expresa el texto publicado este miércoles con la firma del jefe de Estado. El tercero, anticipado en las últimas semanas, crea el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su financiamiento (RePET), el que funcionará dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Según el texto completo del decreto que este miércoles se publicó en el Boletín Oficial, el registro tendrá como fin brindar acceso e intercambio de información sobre personas humanas, jurídicas y entidades vinculadas a actos de terrorismo o su financiamiento y facilitar la cooperación doméstica e internacional para prevenir, combatir y erradicar el terrorismo y su financiamiento.

En el mismo decreto que contempla seis artículos el Gobierno estableció que en la elaboración del RePET se garantizará “la protección de datos a través de las medidas de seguridad pertinentes y determinando la forma de acceso a la información”.

Si bien el texto del decreto no lo dice abiertamente, la medida presidencial tiene un nombre y apellido: Hezbollah. Es que esta organización terrorista señalada por la justicia argentina por ser partícipe del atentado a la AMIA y a la embajada de Israel en Buenos Aires no estaba hasta ahora comprendida en la legislación argentina. Es que siguiendo las normas internacionales el país solo incluía como organizaciones terroristas a aquellas que incorpora la ONU, como Al Qaeda. Pero nunca se tomó en cuenta a Hezbollah o ISIS.

Este fue un reclamo concreto que durante muchos años llevó adelante la comunidad judía en su conjunto y los gobiernos de Estados Unidos y de Israel. De hecho, el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo vendrá este jueves al país para plantear este tema en medio de la conmemoración de los 25 años del atentados a la AMIA.

El decreto ahora habilitará a incluir a estas organizaciones o personas que colaboren con ellas en el RePET.

También el decreto que firmó Macri con la rúbrica del canciller Jorge Faurie menciona que las áreas competentes para la elaboración del registro son la Cancillería, el Ministerio de Seguridad, las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, de la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Dirección de Migraciones.

En el plano práctico el decreto estableció que la UIF “hará saber los datos contenidos en el Registro a los sujetos obligados identificados en el artículo 20 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias y a solicitud de sus pares extranjeras”. Esto tiene una explicación: fue la UIF que lidera Mariano Federici la que insistió con la creación de este registro y la que avanzó en la práctica con la persecución de grupos relacionados con el financiamiento a Hezbollah como fue el caso Barakat en la Triple Frontera el año pasado.

Para la elaboración del RePET se contemplará a “toda persona humana, jurídica o entidad sobre la que haya recaído resolución judicial o del Ministerio Público Fiscal que le impute o admita la formalización de una investigación” por alguno de los delitos cometidos con la finalidad específica de un acto terrorista.

A la vez, se incluirá a todas las personas u organizaciones incluidas en las listas elaboradas de conformidad con la Resolución 1267 (1999) del Consejo de Seguridad de la ONU. Y a todas las personas o entidades sobre las cuales la UIF haya ordenado el congelamiento administrativo de activos.

Para evitar eventuales manipulaciones del RePET el decreto estableció que “el Registro deberá contener los datos que permitan identificar fehacientemente a la persona humana, jurídica o entidad, su situación procesal actualizada y la autoridad judicial o administrativa que dispuso la medida de que se trate”.

También habrá un registro de “testimonio de las resoluciones” que en su caso pongan fin a una situación procesal, a los fines de mantener actualizada la información del registro y, en caso de corresponder, proceder a la remoción de la persona humana o jurídica o entidad del Registro, de así disponerlo expresamente la resolución judicial respectiva.

Al mencionar los casos de personas extranjeras que sean incorporadas en el RePET, el decreto estableció que “regirá el impedimento de ingreso al país”.

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