Economía y segunda ola: ¿Cómo cierran las cuentas?

La segunda ola de contagios ya se siente en el AMBA y comenzará a sentirse también en la economía.

El Gobierno de los Estados Unidos, el FMI y la ONU proponen una mayor presión impositiva sobre las personas y empresas de ingresos altos; con el objetivo de financiar el gasto necesario para reducir las desigualdades que deja la pandemia de coronavirus en la economía.

La segunda ola de contagios ya se siente en el AMBA y comenzará a sentirse también en la actividad económica. Aunque el grueso de la producción es inmune a las restricciones, estas afectan severamente a algunos sectores concretos.

En respuesta, el Gobierno dispuso ampliar el programa de ayuda de pago de salarios con el REPRO II; también otorgar un bono de $15.000 a beneficiarios de prestaciones sociales y monotributistas de las categorías A y B. 

Si bien todo esto nos hace revivir el año pasado, ni las restricciones se asemejan a la primera cuarentena ni las medidas económicas son comparables en su magnitud con el ATP o el IFE. Para enfrentar la segunda ola, el Gobierno no cuenta con los mismos recursos que para la primera. 

De esta forma, las medidas compensatorias agrandarán el agujero fiscal y serán financiadas por el Banco Central, mediante emisión monetaria. En consecuencia, se argumenta que más dinero circulante pondría presión sobre el dólar y eventualmente sobre una inflación que luce descontrolada. 

En esta encrucijada de la economía, ¿Debería el Gobierno evitar otorgar paliativos a los sectores más postergados? Quienes siguen la línea de razonamiento mencionada anteriormente apelan a la cautela; por temor a que un aumento en el gasto de emergencia termine siendo contraproducente. Entonces: ¿Tiene el Estado las manos atadas frente a una situación social alarmante? 

Afortunadamente, el mundo está discutiendo en estos momentos los mismos problemas. Así como nuestro país amplió el gasto público para contrarrestar los efectos de la pandemia en la economía, el resto del mundo avanzó en el mismo sentido. Particularmente, los países desarrollados impulsaron planes de estímulos económicos con magnitudes mucho mayores que Argentina. 

Gastar más y recaudar más

Quién encabeza la lista de los países “gastadores” en el marco del Covid-19 es el Gobierno de los Estados Unidos; que viene de aprobar durante el mes de marzo un plan de estímulo por 1,9 billones de dólares para este segundo año de pandemia. 

Sin embargo, mientras el Gobierno de Biden avanza hacia la presentación de un nuevo plan de infraestructura, comienza a discutirse de qué forma se financiará el agujero fiscal que estas medidas dejan en la economía norteamericana. En ese sentido, la Secretaria del Tesoro Janet Yellen anunció que la administración estadounidense buscará incrementar la alícuota impositiva sobre las ganancias corporativas; pasando del 21% actual al 28% anual. 

Para Yellen, “se trata de asegurar que los gobiernos tengan sistemas fiscales estables que recauden ingresos suficientes para invertir en bienes públicos esenciales y responder a las crisis; y que todos los ciudadanos compartan equitativamente la carga de financiar al gobierno”.

En el mismo sentido se ubican las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional; que impulsa la aplicación de impuestos adicionales sobre las altas rentas en solidaridad con los más afectados por la pandemia. El director del Departamento de Asuntos Fiscales del FMI, Vitor Gaspar, señaló que “para ayudar a hacer frente a las necesidades de financiación relacionadas con la pandemia, las autoridades podrían considerar una contribución temporal para la recuperación poscovid aplicada sobre las altas rentas y la riqueza”.

El argumento que se encuentra detrás de estas sugerencias es que la pandemia incrementó las desigualdades sociales y económicas. Mientras algunos multimillonarios vieron crecer sus patrimonios millones de personas se quedaron sin trabajo. Es por esto que en los últimos días, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, llamó también a implementar impuestos a la riqueza; a fin de reducir la inequidad global. “Insto a los gobiernos a que consideren la posibilidad de aplicar un impuesto de solidaridad o sobre la riqueza a quienes se han beneficiado durante la pandemia; para reducir las desigualdades extremas”, dijo.

Aporte Extraordinario

Nuestro país ya estuvo atravesado por un debate muy similar durante todo el 2020; que culminó con la sanción del Aporte Solidario de las Grandes Fortunas. Sin embargo, pese a que la discusión comenzó hace ya un año, el pago del impuesto por única vez aún no se efectúa.

Al momento, cerca de 100 personas que poseen un patrimonio superior a los $200 mil millones (declarados) presentaron demandas contra la AFIP para ser excluidos del pago. Quienes se arriesgan a litigar contra el Estado están dispuestos a dejar entre un 15% y 20% del impuesto a los estudios contables y de abogados en forma de honorarios. 

Pese a que el ente recaudador facilitó un plan de pagos de seis cuotas para los alcanzados por el Aporte Extraordinario, según la última información oficial del viernes x de abril; el organismo conducido por Mercedes Marcó del Pont recaudó un 10% de lo proyectado, unos $30.000 millones.

Con todo, el destino de lo recaudado ya está establecido en la ley. Un 20% irá a la compra de equipamiento médico; otro 20% a subsidios a pymes; además de un 20% al programa Progresar; un 15% al Fondo de Integración Socio Urbana y el 25% restante a proyectos de desarrollo y producción de gas natural. Así. el impuesto sobre la riqueza no irá en su totalidad a auxiliar a los más desfavorecidos por la pandemia, como sugieren los organismos internacionales. 

Impuestos corporativos

Volviendo a Estados Unidos, Janet Yellen avanzó aún más en la discusión impositiva. “Estamos trabajando con los países del G20 para acordar un tipo mínimo de impuesto de sociedades a nivel mundial que pueda detener la carrera hacia el fondo”, dijo.

La carrera a la que se refiere la secretaria del Tesoro norteamericano refleja la competencia entre países por bajar su carga impositiva; con el objetivo de seducir fiscalmente a las grandes compañías y conseguir que se instalen en su territorio. Es por esto que la administración de Biden busca revertir el proceso de baja en los impuestos corporativos que implementó el expresidente Trump. Y, de esta forma, generar reglas internacionales para que esos capitales no vayan a países con menor carga impositiva.

En nuestro país, el Gobierno anterior avanzó en un sentido similar al de los Republicanos: redujo la presión impositiva sobre las grandes empresas y patrimonios a través de un recorte en el Impuesto a las Ganancias y en Bienes Personales. Pese a que esto no implicó ninguna mejora en las inversiones, el establishment continúa reclamando que Argentina ingrese en la competencia impositiva internacional de bajar los tributos, aunque la tendencia apunta al lado contrario.

En definitiva, el Gobierno más poderoso del mundo apunta a contrarrestar prácticas muy extendidas en la actualidad, donde las grandes corporaciones suelen tener sus operaciones en un territorio que le brinde beneficios impositivos para contratar personal y su residencia oficial en un paraíso fiscal. 

Argentina pertenece al G20, y bien podría acompañar a Yellen en su cruzada, ya que estos esquemas son muy comunes en nuestro código postal. Los holdings que nuclean a las principales empresas nacionales se encuentran radicados en Luxemburgo o Delaware, conocidos paraísos fiscales. El caso obvio es el de Mercado Libre. La empresa más valiosa de nuestro país posee beneficios fiscales por estar alcanzada por la ley de Software. De esta forma, no paga derechos de exportación, tiene reducido el pago del Impuesto a las Ganancias y de las contribuciones patronales.

Sin embargo, su dueño, el hombre más rico del país según el ranking Forbes con un patrimonio valuado en US$6,1 mil millones, posee su residencia fiscal en Uruguay. De esta forma, también está exceptuado del pago del Aporte Extraordinario de las Grandes Fortunas.

Economía de la segunda ola

En un contexto donde seis de cada diez niños argentinos son pobres, y los ingresos de las personas se ven amenazadas por la llegada de la segunda ola de contagios, continuar enfocando la discusión económica en la magnitud del gasto social puede traer un agravamiento de las desigualdades en la economía.

El sistema impositivo argentino es profundamente regresivo; el tributo mediante el cual más recauda el Estado es el IVA, al cual aportan proporcionalmente más quienes menos ingresos tienen. Hacer que los alcanzados por el Aporte Extraordinario cumplan la ley y paguen el tributo sería un acto de justicia tributaria.

La dimensión de las dificultades relacionadas a la Salud y a la Economía a las que nos enfrentamos puede ser una oportunidad inédita para sumarnos al debate internacional; discutir cómo incrementar los ingresos del Estado para contrarrestar las consecuencias de la pandemia y avanzar hacia una reforma tributaria progresiva. Todo acorde a lo que el momento demanda. 

Fuente: Filo News – por: Gonzalo Finlez.