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Diputada impulsa proyecto sobre derechos sexuales de personas con discapacidad

La diputada nacional por Chaco, Lucila Masin, propone una modificación en la Ley 26.130 -Régimen para las intervenciones de Contracepción Quirúrgica- para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad.

El proyecto presentado por la es acompañado por las firmas de Cristina Britez y de los exdiputados Carlos Castagneto, Laura Alonso y José Ciampini. La propuesta recoge el trabajo de consenso realizado en las comisiones de Salud y Acción Social y Discapacidad en 2017 sobre dos proyectos encabezados por la exlegisladora Gabriela Troyano, así como las consultas realizadas a varias organizaciones en la temática, tal como lo establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Se propone una modificación en la Ley 26.130, que establece el Régimen para las Intervenciones de Contracepción Quirúrgica al garantizar a toda persona mayor de 18 años el derecho de acceder a la realización de las prácticas denominadas “ligadura de trompas de Falopio” y “ligadura de conductos deferentes o vasectomía” en los servicios del sistema de salud.

Es decir, consiste en poner la ley acorde con lo dispuesto sobre la capacidad de las personas en el Código Civil y Comercial vigente y en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (con rango constitucional).

La segunda norma que se propone adecuar es la 17.132, de Régimen Legal del Ejercicio de la Medicina, Odontología y Actividades Auxiliares. En un aspecto del artículo 20 se remarca el valor del consentimiento informado de la persona ante la práctica de una intervención que provoque la imposibilidad de engendrar o concebir.

Esta propuesta se basa en la premisa de que las restricciones totales o parciales al ejercicio de su capacidad jurídica una persona con discapacidad no sean utilizadas como fundamento para legitimar la violación a su derecho a brindar el consentimiento informado ante una práctica de contracepción quirúrgica. En igualdad de condiciones con las demás personas, se busca garantizar su derecho humano a decidir sobre sus derechos sexuales y reproductivos.

En caso de ser necesario, la reforma prevé los mecanismos dispuestos en el sistema de apoyos del artículo 32 del Código Civil y Comercial, para garantizar la autonomía de las personas con discapacidad a la hora de tomar decisiones y, en muchos casos, terminar con la práctica de esterilizaciones forzadas, que lesionan su derecho a la salud, a la igualdad y a la no discriminación, manteniendo su fertilidad y el derecho a formar una familia, en igualdad de condiciones con las demás personas.

Fuente: Chaco Día por Día.

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