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Nacional

Chaco reestructura su deuda con acreedores

Chaco cerró un trato por $250.000.000 los cuales, a partir de ahora, vencerán en 2024 con una tasa del 9,357%. En tanto, aún tres provincias están en default.


Chaco alcanzó un acuerdo para restructurar su deuda externa con el Grupo Ad Hoc de bonistas. Los acreedores tienen en sus manos la mitad de los papeles que la provincia de Jorge Capitanich intenta canjear. La jurisdicción norteña era una de las 9 provincias que se lanzaron el año pasado a cerrar un nuevo plan de pagos y son tres aún las que no pudieron lograrlo: Buenos Aires, La Rioja y Tierra del Fuego.

Según informó NA, los bonistas confirmaron este lunes que el acuerdo es el resultado de “una serie de conversaciones constructivas” con los representantes de Chaco. Las negociaciones del Grupo Ad Hoc fueron lideradas por VR Advisory Services Ltd; en representación de este conglomerado de bonistas que tienen en sus manos aproximadamente el 50% del monto de capital en circulación del bono.

Por su parte, el ejecutivo de Capitanich delegó la negociación en el ministro de Planificación, Infraestructura y Economía de la provincia, Santiago Pérez Pons. Hasta ese momento, el funcionario había trabajado en el equipo de la secretaría de Hacienda de la Nación del ministerio de Economía.

El trato que cerró Chaco

“El Grupo Ad Hoc tiene la intención de apoyar una solicitud de consentimiento que se espera que sea presentada a la brevedad por la provincia para efectuar ciertas enmiendas”, dice el comunicado. Esas enmiendas son para la propuesta de reestructuración del bono por $ 250.000.000 con tasa del 9,375% y vencimiento en 2024; el “fruto de negociaciones de buena fe” entre la provincia y sus bonistas.

Si se implementan, adelantaron, las enmiendas brindarán a la provincia un adecuado alivio a su flujo de fondos en forma de reducciones de cupones y un reperfilamiento del vencimiento para ayudarla a atravesar los desafíos de la pandemia, dijeron los acreedores. “Y la provincia tendrá la posibilidad de reasignar recursos financieros para financiar importantes prioridades sociales; así como asegurar la continuidad del financiamiento de proyectos de infraestructura significativos”, agrega el comunicado.

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