Argentina, envuelta en llamas

El Monitoreo Global de Bosques, con base en los datos del último mes procedentes de un satélite de la NASA, determinó que Argentina es el segundo país en el mundo con mayor número de incendios forestales. La denuncia por el negocio de la quema y el reclamo por la ley de humedales.

La República Argentina ocupa el segundo lugar en el podio entre los países con mayor número de focos de incendios forestales, según lo establece el Monitoreo Global de Bosques que usa un sensor de un satélite de la NASA, en base a los datos de las últimas cuatro semanas.

Mientras el podio lo encabeza Israel, el tercer país del mundo que está siendo más perjudicado por los incendios forestales es Estados Unidos.

Respecto a la Argentina, el informe detalla que “la mayoría de los incendios forestales y de pastizales se han registrado en el Delta del Paraná y en la provincia de Córdoba. Aunque también se han desarrollado más hacia el Norte y el Centro del país, afectando a 11 provincias de ese país sudamericano”.

Los expertos locales sostienen que los incendios forestales que se están produciendo este año en el país se deben a varias causas. “El año anterior fue muy seco y esto posibilitó una mayor cantidad de vegetación en los suelos, como ocurre en el Delta donde, lamentablemente, los incendios forestales ya han afectado más de 90.000 hectáreas. Pero también están los intereses de un puñado de inescrupulosos que estuvieron detrás, buscando obtener ganancias para liquidar a los humedales”, dijo Sergio Federovksy, viceministro de Ambiente de la Nación, cartera que se presentó como querellante en una denuncia penal contra quienes provocaron las quemas de manera intencional.

Por su parte, Guillermo Defossé, doctor en Ciencias Forestales e investigador del Conicet, afirmó que el 90% de los incendios forestales que se están registrando en el país están asociados a la actividad humana, ya sea de manera intencional o por dejar fuegos mal apagados.

Además, remarcó que tanto el centro como en el norte del país, la época de incendios está en pleno desarrollo. “La temporada de incendios desde La Pampa y hacia la Patagonia se inicia a mediados de primavera y hasta inicios del otoño”, comentó el especialista al diario Río Negro.

“La ciencia puede aportar estudios -incluso socioculturales- que mejoren la determinación de las causas, pero lo principal gira siempre en torno a disminuir los incendios en las llamadas áreas de interfaz, donde convergen las urbanizaciones con áreas de vegetación natural ya que allí se producen la mayoría de estos incendios”, concluyó.

El negocio de la quema

Desde hace unas pocas semanas, el humo en Rosario encendió la alarma, dado que nuevamente se comenzaba a quemar el Delta del Paraná.

Más de 50 especies de mamíferos afectados, 260 especies de aves, 300 de peces, decenas de anfibios y reptiles, sumado a una destrucción masiva de Flora nativa con más de 300 especies de plantas involucradas; todo un ecosistema devastado.

Hasta la fecha, se cuadruplicaron los incendios sobre los humedales del Paraná, llegando a más de 3.700 focos de potenciales incendios detectados por satélites. Se estima que se quemaron más de 90 mil hectáreas: la mayor superficie arrasada en los últimos 9 años.

A los incendios del Paraná se suman otras provincias, como Córdoba donde en los últimos 14 años se incendiaron 657 mil hectáreas de las sierras. Casos similares se pueden observar en Chaco, Corrientes, Santiago del Estero, Tucumán y Formosa.

¿Cuánto valen el Delta, las sierras cordobesas, los bosques nativos del Chaco? ¿Realmente tenemos elegir entre cuidar el ambiente o el beneficio agropecuario e inmobiliario de unos pocos?

Dirigentes y sectores que buscan frenar la ley de humedales

Por Melisa Molina y Agustín Alvarez Rey

Las asociaciones empresarias que nuclean a las arroceras, la Sociedad Rural, la Federación Agraria, grandes productores agropecuarios, empresas agroexportadoras y mineras juegan fuerte para evitar la sanción de una ley de presupuestos mínimos para resguardar a los humedales. El lobby de los sectores interesados en frenar el debate de la norma no es novedad.

La ley fue frustrada dos veces en los últimos años por la acción de corporaciones que tienen intereses sobre esos territorios. Desde las distintas organizaciones que reclaman por la preservación de los ecosistemas húmedos, no dudan en señalar que los dirigentes y empresarios que recorren los pasillos del Congreso para hacer naufragar el debate son responsables de los incendios intencionales que desde hace semanas arrasan con las reservas naturales.

Los incendios de los últimos meses en el Delta del Paraná volvieron a poner en el centro de la escena la urgencia de sancionar una ley que regule las actividades en los humedales, pero al mismo tiempo dejaron expuestos a los sectores que utilizan el fuego como el primer engranaje para poner en marcha sus negocios. Muchos de los denunciados e investigadas por daños ambientales tienen vínculos directos con empresas que militan en contra la cualquier norma que ponga limites al ecocidio.

En ese marco, las cámaras empresarias plantean un falso dilema entre la aprobación de una ley que proteja el medio ambiente y la actividad productiva. En algunos casos, el poder político provincial hace suya la postura de las corporaciones y repite los argumentos en reuniones con autoridades y funcionarios.

En Argentina el área de humedales alcanza cerca de 21,5% del territorio nacional, según la organizaciones ambientales. En ellos se llevan a cabo plantaciones de arroz, la extracción de litio, la ganadería -que ha aumentado sus proporciones en una escala desmedida por la expansión de la soja- y también se construyen countries, motivo por el cuál también existe lobby, aunque en una proporción menor, por parte de distintas empresas inmobiliarias.

Para regular la actividad en estos territorios que cuentan con ecosistemas de gran biodiversidad -capaces de regular el caudal de agua, absorber y atenuar inundaciones- se impulsaron leyes en 2013 y 2016. En ambas ocasiones fueron bloqueadas. En julio de este año se presentaron seis proyectos, de los cuáles el impulsado por el diputado del Frente de Todos, Leonardo Grosso, es el que más avanzó.

Sin embargo, más rápido que la ley, crece el lobby de las grandes corporaciones y el fuego en los humedales.

En el interior del Congreso el proyecto divide las aguas dentro de los bloques. La disciplina partidaria no logra, por ahora, romper la lógica territorial que impera en el debate. Como cada vez que se discute una norma que enfrenta el lobby de un sector poderoso, la desición política del Poder Ejecutivo resulta determinante.

Ante ese escenario, Grosso se mostró optimista y afirmó ante Página/12 que “hay un compromiso de todo el arco político a que se generen los consensos necesarios para sancionar la ley”. “Estamos haciendo un esfuerzo grande para tener la mejor ley posible. Tenemos la decisión política de avanzar por muchas que sean las resistencias, porque lo que el Estado no regula el mercado lo está destruyendo”, agregó.

En cada provincia varían las presiones para que no avance el proyecto, aunque Corrientes es uno de los ejemplos más significativos. Hace unas semanas, la Coordinadora de Entidades Productivas de dicha provincia -de la que forman parte, entre otras, la ACPA, la SRA y la FAA– lanzaron una declaración en contra del proyecto, ya que consideran “preocupantes los efectos que tendría sobre el bienestar humano, así como sobre el futuro desarrollo económico de la Provincia, y de una gran extensión de la Argentina”.

En el mismo escrito, estas entidades señalaron que los proyectos que se debaten en el Congreso “poseen una mirada sesgada sobre el ambiente, ya que se ocupan exclusivamente de lo natural, en desmedro del hombre y sus necesidades; encarecen y amenazan la puesta en marcha de proyectos y podrían limitar el desarrollo de represas para riego y obras de regulación y desagüe”.

Producto de estas presiones, el Senado de la provincia de Corrientes rechazó la normativa que pretende regular la actividad. Sus representantes afirmaron que tendrá “implicancias negativas hacia el sistema productivo” del nordeste del país.

Chirstian Jetter es uno de los voceros de los empresarios que se oponen a la ley. Es integrante de ACPA y gerente de la empresa Copra S.A, una firma dedicada al arroz y, en menor medida, a la ganadería.

Jetter sostuvo: “En nuestra provincia no vemos un problema ambiental real. El problema se da en las islas del delta y algunas regiones de Buenos Aires, pero no en la provincia de Corrientes”.

A su vez, el gerente de Copra consideró que los proyectos de ley podrían “restringir actividades o poner exagerados controles” sobre las actividades agropecuarias tradicionales. Los hermanos de Chirstian son Ingrid Jetter, diputada por Corrientes de Juntos por el Cambio, y Martín Jetter, intendente del municipio correntino de Riachuelo en donde, hasta el momento, se quemaron unas tres mil hectáreas.

Por su parte, José Antonio Aranda, presidente de Copra, posee tierras en Corrientes y es uno de los productores más grandes de arroz del país. En 2011, junto a la empresa Adecoagro, se unieron para intentar realizar un proyecto que consistía en represar el arroyo Ayuí, destruyendo así las selvas ribereñas y humedales, y haciendo desaparecer un arroyo público para convertirlo en un reservorio de agua para fines privados. Si bien ese proyecto logró ser frenado, el empresario continuó expandiendo sus plantaciones de arroz sobre las reservas acuíferas. Hoy Copra es una fuerte detractora de la ley.

Adriana Anzolín, Licenciada en Química con un posgrado en Impactos Ambientales y miembro de la Fundación Humedales, dijo que “el proceso de sojización y de la expansión de su frontera hizo que el ganado fuera a parar a tierras que antes eran marginales, principalmente al Delta. Ahí siempre hubo cría de ganado, pero en cantidades mucho menores, el problema es que el aumento desmedido”.

“Lo que hacen entonces es prender fuego los terrenos en los que ahora están los animales para renovar los pastos, que son su alimento”, aseguró la especialista.

Otro empresario poderoso está imputado por la justicia federal de Paraná por estar detrás de las quemas es Rufino Baggio, descendiente del socio fundador de RBP S.A, la firma que controla la famosa empresa de Jugos Baggio. El empresario tiene 35 hectáreas en el Delta y miles más en la provincia de Entre Ríos.

En la provincia mesopotámica también fueron imputados otros productores y empresarios como Enzo Federico Vignales; Raúl Álvaro Morist y Rachinsky; Esteban Ricardo Morist y Rachinsky; Julián Marcelo Luraschi; Amelia Marta Barinotto y José María Vicenti, cuyas causas se tramitan en el Juzgado Federal N°4 a cargo de El juez federal Marcelo Bailaque.

En la provincia de Santa Fe, el fiscal Jorge Onel imputó a seis personas acusadas de “provocación dolosa de incendios, con peligro para los bienes”.

Según Anzolín “es importante desmontar es ese discurso que quiere hacerle creer a la gente que si sale una ley de humedales no se va a poder hacer nada. Eso es lo que vienen agitando ciertos sectores que no quieren ningún tipo de regulación”.

“El objetivo de la ley es ordenar y ver la aptitud que tiene cada uno de los suelos para la producción. Ahora se está haciendo cualquier cosa y la prueba son los fuegos incontrolables“, señaló.

En ese sentido, explicó: “Lo que puede hacer una ley es determinar la capacidad de carga del ecosistema, qué actividad y con qué intensidad se puede usar cada humedal. Obviamente habrá algunos muy frágiles en los que no se podrá hacer nada y otros que podrán seguir siendo usados en condiciones ordenadas y bajo ciertas normativas”.

Con respecto a los debates en el Congreso, la experta indicó que “hay un lobby muy poderoso, pero lo que tienen que entender los empresarios es que los humedales contienen agua que son un bien común. Las reservas naturales son de todos, no de un puñado de gente y con este desmadre que hay son pocos los que ganan y muchos los que nos perjudicamos“.

Anzolín añadió que “por supuesto que luego habrá que hacer cumplir la ley, sabemos que no nos dará una solución absoluta, pero será una herramienta más que es sumamente necesaria”.

Fuente: Weekend / FiloNews / Página 12.